En un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y los desafíos estructurales en el mercado laboral, se ha instado a España a adoptar medidas concretas para asegurar un crecimiento económico sostenible. Entre las principales recomendaciones, destacan el impulso a una política migratoria más activa y la inclusión de trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, como estrategias clave para contrarrestar el descenso de la población activa.
España enfrenta una presión creciente sobre su economía como resultado de una transición demográfica acelerada. La baja natalidad, combinada con el aumento en la esperanza de vida, ha llevado a una disminución del número de personas en edad de trabajar, mientras que la proporción de adultos mayores continúa creciendo. Esta dinámica representa un desafío directo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, la productividad y la competitividad a largo plazo.
Ante este panorama, se ha señalado que el país debe prepararse para afrontar una “escasez estructural de mano de obra”, que ya se manifiesta en varios sectores productivos, como la construcción, la agricultura, los servicios de salud y la tecnología. Para mitigar este problema, se propone facilitar la entrada de trabajadores extranjeros cualificados y no cualificados, a través de mecanismos que regulen eficazmente los flujos migratorios y mejoren la integración laboral y social de los recién llegados.
La inmigración es vista no solo como una respuesta demográfica, sino también como un factor positivo para el crecimiento económico, la innovación y el equilibrio intergeneracional. Las recomendaciones destacan la necesidad de evitar obstáculos burocráticos que limiten la incorporación de talento extranjero, así como reforzar políticas de formación y reconocimiento de competencias para que los inmigrantes puedan acceder rápidamente a empleos formales y cualificados.
Al mismo tiempo, se destaca la relevancia de maximizar el potencial de los empleados más veteranos. Hoy en día, la proporción de empleo para aquellos de más de 55 años en España está por debajo de la media de otras economías desarrolladas. Se recomienda reevaluar los incentivos laborales y fiscales que desalientan la continuidad en el trabajo, y promover programas de actualización que faciliten a este grupo adaptarse a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado.
Se promueve además la puesta en marcha de medidas de empleo focalizadas en mujeres, jóvenes y otros colectivos con baja tasa de empleo, para que se incremente el número de contribuyentes y se disminuya la dependencia del Estado a largo plazo. Mejorar el sistema educativo, desarrollar la capacitación profesional y equilibrar la vida laboral y familiar son aspectos clave para alcanzar esta meta.
Otro aspecto señalado es la necesidad de mejorar la productividad del trabajo, que en España ha mostrado un crecimiento moderado en comparación con otras economías europeas. Para ello, se propone invertir en innovación, digitalización, infraestructura y mejorar el clima de negocios. El fortalecimiento de las pymes y la reducción de la precariedad laboral también se contemplan como líneas de acción prioritarias.
Las advertencias llegan en un momento en que el país busca consolidar su recuperación económica tras los efectos de la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas globales. Si bien se reconocen los avances logrados en términos de empleo en los últimos años, se considera que el entorno demográfico actual exige una visión estratégica de largo plazo que combine reformas estructurales, inversión pública y mayor cohesión social.
El debate sobre cómo asegurar el crecimiento económico en una sociedad envejecida se vuelve cada vez más urgente. La necesidad de adoptar políticas proactivas que impulsen la inmigración ordenada, el envejecimiento activo y la inclusión laboral generalizada aparece como una hoja de ruta indispensable para que España pueda enfrentar con éxito los desafíos del futuro.
