Más de un centenar de liberaciones recientes en Venezuela ha vuelto a encender la discusión sobre la situación de los presos políticos, las condiciones reales bajo las que recuperan la libertad y el verdadero alcance de estas acciones. Mientras el Gobierno exhibe estos movimientos como señales de apertura, organizaciones civiles, familiares y la comunidad internacional los examinan con prudencia.
Las liberaciones en Venezuela y las interrogantes que todavía permanecen
En los últimos días, el Gobierno venezolano ha informado la liberación de más de cien personas que permanecían privadas de libertad. Sin embargo, este anuncio ha estado acompañado de un silencio institucional significativo: no se han divulgado listas oficiales con los nombres de los excarcelados ni se ha precisado en qué centros de detención se encontraban recluidos. La información disponible hasta ahora ha sido reconstruida principalmente por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que han seguido de cerca cada caso.
A la limitada transparencia se añade un factor igualmente decisivo: no se han ofrecido precisiones sobre la situación jurídica en la que permanecen quienes recuperaron la libertad. No queda claro si enfrentan absoluciones, sobreseimientos o disposiciones temporales, lo que deja a las personas liberadas inmersas en un panorama legal incierto. Esta falta de definición contribuye a entender por qué la mayoría ha preferido no brindar declaraciones públicas acerca de lo vivido, sobre todo dentro del país, donde continúan los temores vinculados al aparato de seguridad estatal.
Excarcelaciones sujetas a condiciones y causas judiciales en curso
Diversas organizaciones civiles han advertido que las recientes excarcelaciones no implican necesariamente el cierre de los procesos judiciales. Según defensores de derechos humanos, se trataría de liberaciones bajo condiciones específicas, lo que mantiene latente el riesgo de una nueva detención. En varios casos, incluso se ha solicitado que los nombres de las personas liberadas no sean difundidos públicamente, como una medida de protección adicional.
Desde estas organizaciones se insiste en que la condición de “preso político” no se extingue automáticamente con la salida de la cárcel, sobre todo cuando las causas judiciales siguen activas. La figura de las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad ha sido señalada como un mecanismo recurrente, que permite al Estado mantener control sobre los excarcelados sin necesidad de mantenerlos tras las rejas.
Un ejemplo que refleja esta realidad es el caso de la activista venezolana-española Rocío San Miguel. Según han señalado sus familiares, su salida de prisión no supone una libertad total, sino que forma parte de una medida judicial sustitutiva dentro de un proceso aún abierto. Entre las condiciones fijadas se encuentra la prohibición de ofrecer declaraciones públicas, una limitación que restringe su posibilidad de denunciar o detallar su situación.
Restricciones, controles y silencios forzados
El Ministerio del Servicio Penitenciario ha señalado que las personas liberadas estarían vinculadas a hechos considerados como amenazas al orden constitucional y a la estabilidad del país. No obstante, no se han especificado de manera oficial las condiciones concretas que acompañan estas excarcelaciones. Consultas realizadas por medios internacionales a las autoridades venezolanas no han obtenido respuesta hasta el momento.
Testimonios aportados por familiares de excarcelados a finales de diciembre muestran que se repite un mismo esquema de restricciones. Entre las medidas cautelares aplicadas con mayor frecuencia figuran la prohibición de viajar al extranjero, la limitación para ofrecer entrevistas o compartir opiniones en redes sociales y la exigencia de acudir periódicamente ante los tribunales. En determinados casos, además, se ha añadido la orden de impedir que se comuniquen entre ellos, una medida que frena la articulación colectiva y reduce el intercambio de información entre quienes estuvieron detenidos.
Organizaciones como Foro Penal han podido corroborar un volumen de liberaciones muy inferior al reportado por el Gobierno; hasta una de las últimas revisiones apenas se habían constatado algo más de medio centenar de casos, una cantidad que no alcanza ni siquiera la mitad de lo comunicado oficialmente y que representa solo una pequeña porción del conjunto de presos políticos que dichas organizaciones registran en el país.
Voces desde el exterior: los testimonios que sí se conocen
A pesar de que dentro de Venezuela suele imperar un marcado hermetismo, algunos liberados de origen extranjero que consiguieron abandonar el país han narrado sus vivencias al llegar al exterior, y sus testimonios han revelado aspectos sobre las condiciones de su encierro y las secuelas emocionales derivadas de una detención prolongada.
Uno de los testimonios más difundidos es el del empresario italiano Mario Burlò, quien fue detenido a finales de 2024 y regresó recientemente a Italia. Burlò relató que durante su detención temió por su vida y que su caso fue percibido por su familia como una desaparición prolongada. Según sus declaraciones, fue acusado de delitos graves como terrorismo y conspiración, cargos de los que posteriormente fue absuelto.
En relación con las condiciones carcelarias, describió un régimen de encierro severo, con salidas limitadas al patio y condiciones de higiene precarias. Aunque señaló que no sufrió agresiones físicas directas, enfatizó el impacto del aislamiento prolongado y la incomunicación con su familia durante casi un año, una experiencia que calificó como psicológicamente devastadora.
Otro caso es el de Alberto Trentini, un trabajador humanitario que fue arrestado en noviembre de 2024. Al regresar a Italia, manifestó su alivio por recuperar la libertad, aunque destacó que el impacto emocional tras más de un año de cautiverio resulta complejo de superar. En un comunicado emitido por su defensa legal, Trentini mencionó que requiere tiempo y calma para asimilar el sufrimiento experimentado, mientras recordó a quienes siguen detenidos en Venezuela.
Un panorama dominado por la incertidumbre
Las recientes liberaciones, en lugar de dar por concluida una etapa, han generado más dudas sobre el estado de los derechos humanos y del Estado de derecho en Venezuela, y la ausencia de datos oficiales precisos, junto con las limitaciones aplicadas a quienes recuperaron la libertad, alimenta la idea de que son acciones provisionales y sujetas a marcha atrás antes que soluciones concluyentes.
Mientras tanto, las organizaciones civiles continúan documentando casos, verificando información y acompañando a las familias de los detenidos. La comunidad internacional observa con atención un proceso que combina gestos de apertura con prácticas que mantienen un alto grado de control y opacidad.
En este escenario, los testimonios que logran filtrarse desde fuera se transforman en elementos esenciales para entender lo que sucede dentro de los centros de detención venezolanos. Son narraciones que, además de relatar vivencias personales, exponen un panorama más amplio marcado por la duda, el miedo y la esperanza contenida, tanto para quienes han recuperado su libertad como para quienes aún la aguardan.
