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El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el lunes un plan urgente para reformar la Corte Suprema, actualmente dominada por una mayoría conservadora. Esta controvertida iniciativa pretende dejar una huella significativa en sus últimos seis meses de mandato.
Durante semanas, Biden ha expresado su intención de realizar una serie de cambios en la Corte, incluida la limitación de los mandatos de los magistrados, que actualmente son vitalicios. Esto significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, por lo que la mayoría conservadora (seis a tres jueces) puede durar décadas. La Casa Blanca dice que se deben establecer límites para evitar que los jueces permanezcan en sus cargos indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos jueces, aumentando aún más la influencia conservadora en el tribunal. Durante el primer mandato de Trump, nombró a tres jueces y en su enfoque eligió candidatos jóvenes que podrían influir en la corte durante mucho tiempo. Por su parte, Biden ha logrado seleccionar a Ketanji Brown Jackson (54) como su única opción hasta el momento.
Biden pronto revelará más detalles sobre su plan para resolver cuestiones constitucionales y restablecer el equilibrio en la corte, particularmente en respuesta a decisiones recientes relacionadas con la inmunidad presidencial de Trump. También planean crear un código de conducta «vinculante y ejecutable» para los jueces.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso altamente polarizado, lo que dificulta la aprobación de las medidas propuestas por el Presidente.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que «nadie está por encima de la ley», destacando la importancia de la confianza pública en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en cuestiones que afectan las libertades personales. El fallo Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto ha sido objeto de acalorados debates y desde entonces ha llevado a muchos estados a aprobar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados prohíben esta práctica total o parcialmente.
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