Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos de Occidente tomaron acciones drásticas para ejercer presión sobre Rusia, y una de las medidas más notables ha sido el decomiso de superyates de lujo de propiedad de oligarcas rusos. Aunque el objetivo era impactar al régimen de Vladimir Putin, esta táctica ha resultado en diversos problemas legales y financieros inesperados, que incluyen altos costos de mantenimiento que deben asumir los gobiernos encargados de confiscar estos barcos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del superyate Phi, valorado en 50 millones de dólares. Desde su incautación en Londres a principios de 2022, el lujoso barco ha permanecido varado en el muelle sur de Canary Wharf. Este yate es solo uno de los muchos que están siendo retenidos en diferentes partes del mundo. Aunque el objetivo principal de esta medida era presionar a la élite rusa y a Putin, el impacto financiero y los problemas legales relacionados con estos activos han puesto a prueba a los gobiernos involucrados.
Un trato complejo
El Phi y otros superyates incautados no solo están generando un dolor de cabeza por su mantenimiento, sino que también han dado lugar a batallas legales complejas. En el caso del Phi, su propietario, el magnate inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, ha presentado varias demandas en el Reino Unido para recuperar su propiedad. A pesar de que Naumenko no ha sido sancionado por el gobierno británico y no tiene vínculos directos con el Kremlin, el gobierno ha argumentado que retener sus activos es un acto legítimo para aumentar la presión sobre Rusia.
El propietario del Phi sigue luchando por obtener la libertad de su embarcación, pero mientras tanto, el superyate continúa costando millones en mantenimiento. Estos costos se suman a los de otros superyates rusos en todo el mundo, que no solo están causando una carga financiera, sino que también están afectando las relaciones diplomáticas y comerciales internacionales.
El alto precio de mantener superyates
El mantenimiento de un superyate requiere una inversión considerable. Se calcula que el mantenimiento anual de un yate de lujo puede representar aproximadamente un 10% de su precio, lo que en el caso del Phi equivale a desembolsar millones cada año. Asimismo, otros superyates confiscados a oligarcas rusos, como el Sailing Yacht A en Italia o el Amadea en Estados Unidos, han acumulado costos de mantenimiento que exceden los 30 millones de dólares.
El gobierno italiano, por ejemplo, ha tenido que gastar más de 30 millones de dólares desde 2022 en mantener el Sailing Yacht A, un superyate valorado en 600 millones de dólares, cuyo propietario está bajo sanciones. De manera similar, en Estados Unidos, el gobierno ha invertido una cantidad significativa en el mantenimiento del Amadea, un yate de 106 metros de eslora, retenido en San Diego.
El que ciertos dueños de estos yates estén bajo sanciones ha complicado aún más el escenario. Las normativas locales les impiden a estos propietarios cubrir el mantenimiento de sus barcos, forzando a los gobiernos a hacerse responsables de este costo. En algunas situaciones, los gobiernos han evaluado la posibilidad de vender estos superyates como una medida, pero los complejos trámites legales han frenado estos esfuerzos.
La venta de los superyates: una solución incierta
La subasta de superyates incautados podría ayudar a cubrir los gastos de mantenimiento y proporcionar ganancias extras para las iniciativas vinculadas al conflicto en Ucrania. No obstante, este procedimiento ha resultado ser más complicado de lo que se pensaba. En ciertos casos, como con el Royal Romance, la administración de Ucrania ha tratado de enajenar un superyate confiscado, pero se ha topado con barreras legales que todavía no se han resuelto.
El Alfa Nero, otro superyate ruso retenido en Antigua y Barbuda, ejemplifica cómo las disputas sobre la propiedad pueden ocasionar conflictos legales adicionales. Tras la decisión del gobierno de Antigua de vender el yate por los elevados costos de mantenimiento, la hija de un empresario ruso sancionado presentó una demanda, reclamando que el yate es suyo. Aunque fue adquirido por un magnate turco, la disputa legal sigue en curso.
Estos procesos complejos de venta y la ausencia de una solución definitiva podrían desalentar a futuros compradores a intentar obtener estos bienes. Las entidades portuarias de distintos países podrían rehusarse a aceptar la titularidad de los yates transferidos, lo que añadiría más dificultades al comercio de estas naves.
Un futuro incierto
En el Reino Unido, el futuro del Phi podría ser determinado por la Corte Suprema, que emitirá su decisión sobre dicho futuro este martes. Sin embargo, aun si el superyate es liberado, el proceso relativo a otros superyates confiscados probablemente se extenderá durante un período prolongado.
El futuro de estos superyates sigue siendo incierto, tanto desde el punto de vista legal como financiero. Mientras tanto, los gobiernos que retienen estas embarcaciones continúan enfrentando la carga de su mantenimiento, y la falta de una estrategia clara sobre su destino plantea dudas sobre la eficacia de estas medidas en la lucha contra el régimen de Putin.
En última instancia, la confiscación de superyates rusos puede haber sido una acción simbólica, pero sus complicaciones legales y costos asociados son mucho mayores de lo que se había anticipado. El impacto de estas medidas sobre las relaciones internacionales y el comercio global aún está por verse, mientras los gobiernos occidentales intentan resolver este problema y determinar qué hacer con estos costosos activos de lujo.
