Desde que comenzó la crisis energética causada por el conflicto en Ucrania, tanto los hogares como las industrias han dejado de recibir más de 450 millones de euros debido a complicaciones en el cobro de los excedentes producidos por sus sistemas fotovoltaicos. Este problema ha ocasionado que se malgasten 2.094 gigavatios hora (GWh) en el último año, lo que representa alrededor del 1% del consumo de electricidad a nivel nacional.
Las consecuencias del derroche de energía
El reporte anual del sector de energías renovables indica que, aunque la cantidad de energía no aprovechada ha incrementado en volumen en comparación con el año anterior (1.642 GWh en 2023), el efecto económico ha sido menor gracias a la disminución de los precios de la electricidad. En 2023, la energía desperdiciada representaba 131 millones de euros, mientras que en 2024, debido a la baja de precios, la cantidad se redujo a 88 millones.
El informe anual del sector renovable señala que, aunque en términos de volumen la cantidad de energía no utilizada ha aumentado respecto al año anterior (1.642 GWh en 2023), el impacto económico ha sido menor debido a la reducción de los precios eléctricos. En 2023, la energía desperdiciada equivalía a 131 millones de euros, mientras que en 2024, debido a la caída de precios, la cifra descendió a 88 millones.
Los excedentes de energía se generan principalmente en instalaciones industriales, que por su capacidad suelen producir más electricidad de la que consumen. Un ejemplo típico es el de una fábrica con paneles solares que no opera los fines de semana y podría inyectar a la red la energía generada durante esos días. Sin embargo, las barreras burocráticas y la falta de diligencia por parte de las compañías distribuidoras dificultan el proceso, impidiendo que los autoconsumidores reciban una compensación justa por la electricidad que aportan al sistema.
Uno de los elementos cruciales en este despilfarro de energía es la abrumadora carga burocrática requerida para legalizar instalaciones de autoconsumo de mayor tamaño. Además, las compañías distribuidoras de electricidad no siempre tramitan con la celeridad esperada los permisos necesarios para la inyección de excedentes en la red. Este problema impacta principalmente a empresas y hogares que han optado por la energía solar como una opción sostenible y eficiente.
El sector de energías renovables ha señalado en repetidas ocasiones que ni el gobierno ni los organismos reguladores han implementado acciones concretas para simplificar este proceso. La insuficiencia de capacidad en las redes, así como las restricciones técnicas y normativas, han impedido que se establezca un sistema eficiente para compensar los excedentes producidos por el autoconsumo.
Progreso del autoconsumo en España
Evolución del autoconsumo en España
Por sectores, el mayor impacto se ha sentido en el ámbito residencial, donde la reducción de la capacidad instalada fue del 34,3%, mientras que en la industria fue del 23,4%. Sin embargo, especialistas en el área aseguran que, a pesar de la baja en los precios del mercado eléctrico, el autoconsumo continúa siendo una inversión lucrativa. Con los precios actuales, una familia podría recuperar su inversión en ocho años y medio, mientras que una empresa podría hacerlo en menos de siete años, disfrutando luego de más de veinte años de electricidad sin coste.
Por sectores, el impacto ha sido mayor en el ámbito residencial, donde la contracción de la potencia instalada alcanzó el 34,3%, mientras que en la industria fue del 23,4%. No obstante, expertos del sector sostienen que, a pesar de la caída de precios en el mercado eléctrico, el autoconsumo sigue siendo una inversión rentable. Con los niveles actuales de precios, una familia podría amortizar la instalación en ocho años y medio, mientras que una empresa podría recuperar su inversión en menos de siete años, disfrutando posteriormente de más de dos décadas de electricidad gratuita.
Distribución territorial del autoconsumo
El autoconsumo en España se concentra en tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto representan casi el 50% de la potencia total instalada en el país. Estas regiones han liderado la adopción de la energía solar fotovoltaica, gracias a su elevado número de horas de sol y a políticas autonómicas que han fomentado la inversión en renovables.
