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En Ecuador, las ciudades amazónicas se ven afectadas por la demanda de quema de gas por parte de la industria petrolera, lo que genera preocupaciones tanto de salud como ambientales. Amnistía Internacional (AI) y activistas locales han advertido que el Estado no ha logrado destruir cientos de antorchas desechadas, un tema clave en la Asamblea.
En julio de 2021, el juzgado de Sucumbíos, en la provincia de Amazonas, falló a favor de un grupo de niños amazónicos que solicitaron medidas de protección para detener el funcionamiento de máquinas que afectan negativamente la salud y el medio ambiente. Esta sentencia destacó la importancia de respetar los derechos naturales reconocidos en la constitución ecuatoriana desde 2008, y llamó a la eliminación gradual de estas prácticas hasta 2030 y la implementación de medidas de reparación inmediatas.
Sin embargo, según AI, la industria petrolera ecuatoriana ha pretendido cumplir con estas disposiciones legales sin lograr mejoras significativas para las comunidades locales y el ecosistema amazónico. A pesar de las afirmaciones del ex Ministro de Energía de que algunas de las máquinas han sido retiradas y desmanteladas, los informes indican que algunas de las bengalas retiradas han sido reemplazadas por otras que funcionan a nivel del suelo, lo que continúa contribuyendo a la contaminación.
Alicia Moncada, investigadora de IA, condenó esta operación engañosa y criticó al Estado por no cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El gas quemado en maquinaria de la industria petrolera no sólo contamina el medio ambiente local, sino que también contribuye al calentamiento global, lo que va en contra de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, instó al Estado ecuatoriano a detener la habitual quema de gas en las máquinas de la industria petrolera, que amenaza la Amazonía, el planeta y el futuro de las generaciones futuras. Activistas climáticos locales, como Jamileth Jurado, han compartido testimonios impactantes sobre la contaminación y los impactos en la salud de las comunidades que viven cerca de las plataformas petroleras.
En este escenario, es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar los efectos negativos de la industria petrolera en las ciudades del Ecuador amazónico. La protección del medio ambiente, la salud de las comunidades locales y el respeto de los derechos naturales deben ser tratados como una prioridad para el Estado y las empresas involucradas en el problema.
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