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Francisco Pozuelo, director fiscal del Gobierno aragonés, estimó que la recaudación de los nuevos impuestos medioambientales podría alcanzar los 12 millones de euros, teniendo en cuenta 8,5 millones de parques eólicos y 3 millones de parques fotovoltaicos. Se trata de una disminución respecto de los 20 millones previstos originalmente.
Detalles de la colección
Pozuelo destacó que pese a la reducción de las expectativas recaudatorias, no se esperan “consecuencias preocupantes” por el buen comportamiento de otros impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones. La actividad del mercado inmobiliario, que continúa a buen ritmo, puede compensar la pérdida de ingresos.
La falta de datos a la hora de establecer los datos iniciales provocó un retraso en la introducción de nuevos impuestos y cambios regulatorios. Pozuelo destacó la importancia de contar con datos precisos sobre el tamaño de las instalaciones para una adecuada regulación.
Plazos y previsiones
Se espera que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque se han perdido los meses de recaudación. Se estima que para el próximo año los ingresos totales por impuestos medioambientales alcanzarán los 22 millones de euros.
Reacciones políticas
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir los ingresos y recordó que los impactos ambientales deben compensar los recortes en otros impuestos.
VOZ
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley afirmando que no se está cumpliendo el acuerdo con el PSOE, lo que frena la expansión de las energías renovables.
Aragón-Teruel existe
María Pilar Buj lamentó que la ley no tenga suficientemente en cuenta el impacto ambiental y criticó que quienes más contaminan no paguen lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro valoró la importancia de fomentar el desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) pidió proyecciones de futuro, sobre todo para proyectos como los del Maestrazgo, que podrían no estar debidamente gravados.
La planeada recaudación e implementación de nuevos impuestos ambientales en Aragón ha provocado un intenso debate político, reflejando el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de ingresos fiscales. Las diferentes posiciones resaltan las complejidades de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de la legislación fiscal.
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