El Gobierno ha designado a Zulima Pérez Seguí como nueva comisionada para la respuesta a los efectos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), en sustitución de Ángel Batalla, quien presentó su dimisión días atrás. La decisión busca reforzar la coordinación de los esfuerzos institucionales ante catástrofes climáticas, especialmente en las zonas del levante español más vulnerables a estos fenómenos extremos.
Pérez, con título en Ciencias Políticas y vasta experiencia en la administración pública, tiene antecedentes previos en labores relacionadas con la planificación territorial y el manejo de riesgos naturales. Ha ocupado posiciones en el gobierno autonómico, tanto en sectores de participación ciudadana como en el diseño y análisis de políticas públicas. Su designación es vista como un esfuerzo del Ejecutivo por proporcionar al cargo una dirección técnica con conocimiento especializado de las dinámicas territoriales y la prevención de desastres.
La salida de Batalla se produjo en un contexto de cuestionamientos a su gestión, con críticas centradas en la lentitud en la ejecución de las medidas prometidas para la reconstrucción en las regiones afectadas por las intensas lluvias de años anteriores. Algunos gobiernos autonómicos y municipales habían denunciado falta de comunicación y escasa ejecución presupuestaria, lo que terminó por debilitar la posición del hasta ahora comisionado.
Zulima Pérez tendrá la responsabilidad de reactivar la confianza institucional en la figura del comisionado, así como acelerar los procesos administrativos y financieros destinados a obras de infraestructura, mitigación de riesgos y recuperación social y económica. También se espera que refuerce la interlocución con autoridades locales, comunidades autónomas y actores sociales involucrados en la atención de emergencias por causas meteorológicas.
El nuevo nombramiento se produce en un momento clave, cuando la preparación frente a fenómenos extremos ocupa un lugar central en la agenda política. Las consecuencias del cambio climático han incrementado la frecuencia y severidad de lluvias torrenciales en el sureste peninsular, lo que ha generado demandas ciudadanas por una mayor planificación preventiva y ejecución eficaz de recursos públicos.
Desde el Ejecutivo se ha manifestado confianza en que la nueva comisionada aportará una visión renovada y técnica a la labor que exige este cargo, considerado estratégico por su naturaleza transversal. Fuentes gubernamentales aseguran que su perfil permite articular las dimensiones territorial, social y ambiental de forma integral, lo cual es clave para asegurar respuestas sostenidas y coordinadas ante futuras emergencias.
El desafío inmediato de Pérez será elaborar un diagnóstico actualizado del estado de las intervenciones pendientes en zonas previamente afectadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y parte de Andalucía. También se espera que proponga nuevas herramientas de seguimiento, evaluación y participación ciudadana, para dotar de mayor transparencia y control público al proceso de recuperación.
Además, el Gobierno ha señalado que el trabajo de la comisionada estará alineado con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como con las estrategias de protección civil y ordenación del territorio. Esto implica un enfoque a largo plazo que integre tanto la respuesta a la emergencia como la resiliencia estructural frente a nuevos eventos climáticos.
El nombramiento de Pérez ha sido bien recibido en ciertos sectores técnicos y académicos, donde se destaca su conocimiento sobre gobernanza pública y planificación participativa. Sin embargo, también hay expectativas de que, a diferencia de su antecesor, logre generar resultados tangibles y visibles en un corto plazo, dada la urgencia de muchas de las intervenciones aún pendientes en el levante español.
Al mismo tiempo, algunas voces disidentes han señalado que la modificación de nombres no debe utilizarse como pretexto para posponer compromisos ya asumidos. Han demandado que se definan fechas específicas y métodos de rendición de cuentas para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficaz y produzcan un efecto tangible en el terreno.
Con este relevo, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a una figura que había sido objeto de desgaste, devolviéndole centralidad como pieza clave en la respuesta institucional frente a los crecientes desafíos climáticos que enfrenta el país.
