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Los miembros del Comité de Seguridad y Antidrogas han propuesto una reforma legal destinada a criminalizar a quienes intentan introducir dispositivos de comunicación en las cárceles.
Esta iniciativa tiene como objetivo combatir las actividades delictivas dentro de las prisiones penalizando a quienes introducen ilegalmente dispositivos de comunicación.
Entre octubre y diciembre de 2023, la policía penitenciaria incautó 784 teléfonos celulares y 563 chips internacionales de países tan diversos como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos, según datos publicados por la Administración de Ajuste Social.
La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la entrada ilegal de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos tecnológicos, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables, a las cárceles para comunicarse con el mundo exterior.
La enmienda al Código Penal estipula que las personas declaradas culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en las cárceles podrán ser condenadas a dos a cuatro años de prisión si no cuentan con la autoridad legal adecuada.
En el caso de funcionarios públicos, prestadores de servicios o productos, abogados en ejercicio u otras personas con permiso especial de ingreso, la comisión del delito se considera grave.
La pena establecida se incrementaría en un tercio si resulta que alguien introdujo los citados aparatos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios de régimen cerrado, o si el responsable es un funcionario público.
Esta medida fue creada en respuesta a la decisión de la Corte Constitucional emitida el 20 de junio de 2001, que establece que en casos represivos se debe asegurar la intervención del legislador y delimitar los derechos legales de los ciudadanos, determinando así los pasos específicos. a seguir. .
En relación con la facultad de los legisladores para dictar normas de derecho penal, la Corte Constitucional mencionó que la tarea de la Corte Constitucional es determinar qué conductas son consideradas delitos y cuáles conductas son punibles, ya que es la definición de obligaciones jurídicas las que se deben tomar. en cuenta en la legislación. La legislación es una decisión penal de carácter político que corresponde al legislador.
Se requiere el voto unánime de los legisladores presentes para la aprobación del proyecto de ley. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema, es importante señalar que si este caso va en contra, requerirá la aprobación total de los votos emitidos.
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