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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reaccionaron al proyecto de ley para crear un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por la Comisión de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.
El objetivo principal de la iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, es proteger la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes, se busca evitar que estos grupos vulnerables entren en contacto con personas que tienen antecedentes de delitos sexuales, en particular delitos sexuales. la gente es joven.
La propuesta parte de la premisa de que, por la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia por este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto serviría para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas que han cometido delitos sexuales.
Además, de manera inmediata se incluyen en este registro el poder judicial, el Fideicomiso Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas. Asimismo, se discute la participación de organizaciones educativas y de salud, con el fin de fortalecer la protección de la población.
Rosa María Jiménez, titular de la Sección de Violencia Sexual y Trata de Personas del OIJ, enfatizó la importancia de abordar el tema debido al alarmante índice de abuso sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez destaca que la repetición de casos de delitos sexuales lamentablemente deriva en feminicidio.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que monitorean periódicamente a personas condenadas por delitos similares. La creación del registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo la práctica establecida en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, quien estuvo presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de supervisión del registro público. Es necesario determinar el período mínimo de seguimiento, que puede variar entre 5 y 15 años, pero se destaca que incluso después de este período, no se debe excluir por completo la evaluación del riesgo del individuo.
En resumen, la propuesta para crear un registro público de delincuentes sexuales en Costa Rica tiene como objetivo proteger al público, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Si esta medida se aplica correctamente, puede contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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